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  • IBI: DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES GIRADAS EN EXCESO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN EL POLIGONO 3C DE LA URBANIZACION. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alcobendas contra el fallo del Tribunal Económico Administrativo Central de 28 de abril de 1998, que declaró ilegales las cantidades giradas por el Ayuntamiento de Alcobendas. en el polígono 3C de la urbanización. En su recurso, el Ayuntamiento había solicitado la suspensión del fallo del Tribunal, petición que ha sido denegada por la Audiencia Nacional, obligándo al Ayuntamiento a corregir los valores catastrales y a devolver a los contribuyentes, las cantidades cobradas en exceso más los intereses, correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999, y con un recargo adicional, del 20%. Las cantidades a devolver a cada propietario, suponen una media de 500.000 pesetas por propietario y se harán efectivas en las sucursales de Caja Madrid. Los propietarios que no hayan recibido el impreso de liquidación, pueden reclamarlo en la Unidad del IBI del Ayuntamiento de Alcobendas.
TASA DE CARRUAJES
El plazo de presentación de los recursos es de dos meses contados desde el pago de la tasa. El período voluntario de pago finaliza el 15 de abril. Disponeís aquí del modelo de recurso que habíamos anunciado. Es importante recurrir, no sólo para combatir una tasa que en el ámbito de la urbanización es ilegal, sino especialmente para reclamar el tratamiento jurídico que legalmente le corresponde, que como se vé en el escrito, es de mayor alcance.

MODELO DE ESCRITO PARA RECURRIR LA TASA DE CARRUAJES

D. , comparece y como mejor proceda,

DICE: Que con fecha , le ha sido notificada liquidación por tasa de carruajes correspondiente al Nº de la Calle , .
Que dentro del plazo hábil planteo el presente recurso contra dicha liquidación en base a los siguientes hechos y fundamentos:

I
HECHOS

PRIMERO: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sucesivas Sentencias declarándo improcedente la imposición de la Tasa de Carruajes de los viales en los ámbitos "Zona Sur, Zona Este, Zona Central y Plaza de Acceso de la Moraleja", entre las cuales podemos citar las siguientes: Nºs 90 de 26/2/90; 379 de 17/9/90; 484 de 11/9/91 y 717 de 16/9/92.

SEGUNDO: A pesar de la firmeza de esas sentencias, el Ayuntamiento de Alcobendas ha reanudado el cobro la Tasa de Carruajes en los ámbitos mencionados en base a dos Sentencias del Tribunal Supremo dictadas en interés de Ley.
La única sentencia dictada en interés de Ley instada por el Ayuntamiento de Alcobendas en relación con los viales de los ámbitos aquí descritos, es la dictada por el Tribunal Supremo el 26 de marzo de 1992 (R1764) que declaró inadmisible el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcobendas. Las dos sentencias invocadas ahora por este mismoAyuntamiento no guardan relación ni jurídica ni urbanística con los viales de los ámbitos aquí relacionados.

TERCERO.-La naturaleza privada de los viales del ámbito descrito viene declarada por su calificación y ordenanzas del planeamiento urbanístico y los acuerdos plenarios de la Corporación Municipal de Alcobendas de 15 de febrero y 21 de noviembre de 1980, en los que se aprobó inicial y definitivamente el Estatuto jurídico que regula el ámbito descrito. En estos documentos y acuerdos se determina:

a) El Plan Parcial establece en su memoria la obligación de Niesa de trasmitirlos a la comunidad de propietarios una vez constituída.
b) Las Ordenanzas del Plan Parcial señalan: "las calles quedan de la propiedad de NIESA y sujetas a la servidumbre de camino público de carruajes en beneficio de las parcelas que tendrán la consideración jurídica de predios dominantes".

c) Se recoge expresamente en el Plan Parcial y la Reparcelación, la posibilidad de ceder los viales gratuitamente al Ayuntamiento, siempre y cuando esa cesión se haga de acuerdo con las condiciones reguladas por la Ley del Suelo de 1956 para las urbanizaciones de iniciativa privada y por el Plan Parcial correspondiente, y en concreto, con sometimiento al artículo 189 y concordantes de la LS y el Reglamento deReparcelaciones de 1966, que establecen los beneficios tributarios correspondientes durante 25 años y la reversión de los terrenos si el Ayuntamiento alterase su destino fijado en el Plan Parcial.

d) Al no asumir el Ayuntamiento las condiciones legales que regulaban el ofrecimiento de cesión gratuíta formulado el 29 de julio de 1976, en su lugar, el Pleno Municipal acordó por unanimidad del pleno municipal el 21 de noviembre de 1980, la Aprobación definitiva de los Estatutos que regulan dicho ámbito, reconociéndo la titularidad privada de sus viales, aunque imponiendo para ellos el uso público, recogiéndose en el Acta correspondiente en los términos siguientes: "Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de la Entidad de Conservación de la Moraleja con las siguientes modificaciones...aún apareciéndo como de propiedad privada los viales, se establece que serán de uso público." Los anteriores Acuerdos municipales constan en el libro de Actas del Ayuntamiento, Tomo del año 1980, y vienen acompañados de los correspondientes Informes de la Comisión Informativa de urbanismo y de la Secretaría Municipal. Que el Ayuntamiento no quiso asumir las condiciones de la Ley del Suelo de 1956 que regulaban las cesiones gratuitas en las urbanizaciones de iniciativa privada, por considerarlas entonces demasiado gravosas o poco interesantes para el Municipio, da fé de ello los acuerdos plenarios adoptados cuatro años despues de haberse formulado el ofrecimiento de cesión, al aprobar en tales acuerdos el régimen estatutario de esos viales, régimen y estatutos sobre los que yá se pronunció la Sala en sentencia firme, en los siguientes términos:
"El Ayuntamiento de Alcobendas sólo invoca como prueba del carácter público de los viales de La Moraleja, que el Art.2º.2.b de los Estatutos de la Entidad de Conservación de la misma, inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, reconoce que los mismos tienen el carácter de dominio y uso público. Sin embargo, aunque tal es la expresión utilizada, del examen del conjunto de los Estatutos, no puede deducirse que los viales de la zona tengan la cualidad de bienes demaniales. Así, en el Título Preliminar de los Estatutos se declara que las obras de urbanización y los bienes y servicios que forman parte de su equipamiento, constituyen servidumbres a favor de los propietarios de terrenos del polígono, el Art.1º, e) insiste en eln carácter de derecho real que tienen esas determinaciones y el art. 3º,2 "in fine" indica que dichas zonas de servidumbre vienen exigidas por el Plan Parcial. ....Pues bien, tal forma de articular jurídicamente el uso de los viales es no sólo innecesaria si los mismos se califican como vías públicas de propiedad municipal, sino rigurosamente incompatible con tal calificación." Desde aquel pronunciamiento, no ha habido acto alguno que altere la calificación jurídica de los viales. Sí se han producido en cambio, actos de disposición e inscripción registral llevados a cabo a título personal y al margen del pleno por el Alcalde de Alcobendas, que por vulnerar el régimen estatutario descrito y las normas vigentes, se encuentran pendientes de resolución por el Tribunal Supremo. El asiento registral así practicado por el citado alcalde contiene la siguiente declaración literal: "La finca de este número que se describe en la inscripción 2ª y hoy es propiedad del Ayuntamiento de Alcobendas, queda calificada como de propiedad municipal destinada a viales y zonas verdes de dominio y uso público" Con tal declaración, el Alcalde se ha arrogado la potestad de calificar los terrenos, sin otro trámite que su personal y unilateral pronunciamiento, prescindiendo de todos los requisitos de procedimiento y publicidad que conlleva la calificación jurídico-urbanística del suelo, calificación que, de acuerdo con nuestro marco normativo y constitucional, sólo corresponde al planeamiento. Una vez calificados los viales en la forma descrita, prosigue en la misma nota registral la declaración del Alcalde, declarándo cancelados todas las servidumbres y derechos reales que gravan legalmente esa finca. La anterior disposición y cancelación unilateral de unos derechos legalmente constituídos e inscritos, resulta aún más clamorosa si se tiene en cuenta que la totalidad de los gastos de conservación de la finca de viales y zonas verdes incorporada al demanio municipal en la forma descrita, continúan siendo integramente sufragados por los propietarios de la urbanización, igual que lo han venido haciéndo ininterrumpidamente desde su origen.


II
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DE CARÁCTER PREVIO: Aunque el objeto de este recurso habría de limitarse a alegar y acreditar exclusivamente sobre la inaplicabilidad de la tasa recurrida , dado que el Ayuntamiento viene alegando la existencia de dos sentencias dictadas en interés de ley por el TS, hemos de centrar en primer lugar nuestras alegaciones en aclarar que tales sentencias no son de aplicación a la situación jurídica particular de los viales de los ámbitos concretos aquí relacionados, regulados por un Estatuto común, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Alcobendas el 21 de noviembre de 1980. En lo que a estos viales respecta dichas sentencias no son de aplicación por los siguientes motivos:
1º) Porque al tratarse de sentencias dictadas en interés de ley, dejan intacta la situación jurídica particular fijada por las sentencias de los Tribunales de Justicia que hayan decidido sobre el fondo de la procedencia o improcedencia de la Tasa de Carruajes. Simplemente la invocación de esta exigencia del artículo 102 b) LJ (antíguo 101 LJ), haría innecesario continuar la argumentación , ya que tal como recoge el Apartado 4º de dicho precepto: "La sentencia que se dicte respetará en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida..." Pero como, no obstante lo anterior, so pretexto de estas sentencias el Ayuntamiento de Alcobendas pretende dar una nueva y diferente "regularización" a una situación jurídica ya consolidada y aprobada por él mismo, ha de decribirse aquí ésta situación jurídica, lo que se hará en los párrafos siguientes.
2º) La situación analizada en las sentencias aludidas por el Ayuntamiento, que no contienen referencia alguna sobre la calle, el número ni la zona analizada, tratan una situación radicalmente distinta a la de los ámbitos aquí relacionados, ya que en esas sentencias el planeamiento que se analiza había destinado los viales a la "titularidad municipal" y la naturaleza del suelo era "urbano", mientras que en estas zonas de estatuto común, el planeamiento los destinó a "la comunidad de propietarios" y el suelo desarrollado por éstos era "urbanizable";
3º) En definitiva, en las sentencias de las que se vale el Ayuntamiento de Alcobendas para imponer la Tasa de Carruajes en las zonas "Sur" , "Este", "Central" y "Acceso" de la urbanización La Moraleja, no existen elementos que permitan identificar la situación allí analizada con la que afecta a estos ámbitos. Visto que las sentencias que utiliza el Ayuntamiento no sirven para tratar de dar una nueva regularización a los viales, veremos que la que a éstos corresponde es la de "titularidad privada y uso público".

PRIMERO: En nuestro Derecho rige la llamada teoría del título y el modo, conforme a la cual, para que se produzca la transmisión del dominio se exige, a demás de un contrato con finalidad traslativa, la tradición o entrega de la cosa objeto del contrato; en ese momento se puede entender como acto susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad, y no antes, siendo además la inscripción en nuestro Derecho meramente declarativa, no constitutiva de derechos y por lo tanto no puede suplir a la tradición. Dado que ese acto de cesión y traslación aquí no ha existido, no es posible reconocer como válida la titularidad dominical que se arroga el Ayuntamiento para justificar la tasa recurrida, y ello con fundamento en consagrada doctrina de nuestro Tribunal Supremo de cuyas sentencias recogeremos a título de referencia las siguientes:
1) La Sentencia de 27 de abril de 1999 (R4685): En los autos de esta Sentencia el motivo de casación aducido por el Ayuntamiento recurrente es: " el artículo 95.1.4 de la ley de la Jurisdicción (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), por infracción de la jurisprudencia según la cual la cesión de viales es una prestación generalizada de la Ley del Suelo (RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889) y viene impuesta por ministerio de la ley, conforme al artículo 128 de la Ley del Suelo." Frente al anterior razonamiento del Ayuntamiento, el Tribunal Supremo declara lo siguiente:
"En efecto, no formalizada la cesión de viales que debió ser llevada a efecto pero no lo fué, como reconoce el Ayuntamiento recurrente, nada impide que éste, con arreglo al nuevo plan, llevara a cabo la expropiación forzosa del total del terreno incluído el que debió ser objeto de cesión, pues así lo admite reiterada jurisprudencia (Sentencias de 24 de noviembre de 1994, recurso número 1713/1991 [RJ 1994,8936], 25 de mayo de 1993, recurso número 5209/1990 [RJ 1993, 3795], 7 noviembre 1992 [RJ 1992, 368] y 29 de marzo de 1989 [RJ 1989, 2353], según la cual si el sistema de ejecución de un polígono era el de cesión de viales, conforme al artículo 29 de la Ley de Suelo, en tal sistema los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos viales, lo que constituye prueba de que tales viales pertenecen a su legítimo propietario mientras no se lleva a cabo la cesión, pues aunque la obligación de la cesión obligatoria de terrenos según la ley del Suelo ha de efectuarse en los terminos que resulten del Plan General y de cada uno de los proyectos que lo desarrollen, ello no quiere decir que no deban cumplirse las formalidades legales para esta cesión y por el solo hecho de que una zona de la finca matriz este destinada a viales no puede afirmarse que tales viales tengan la condicion de vias públicas ni estuvieran por este solo hecho afectadas al dominio público con destino al uso público, ya que para ello eran precisas dos condiciones: la primera, que salieran del patrimonio de la propietaria y entraran en el patrimonio municipal y la segunda, que una vez fuera del dominio particular y dentro del de la Administración, ésta realizara un acto de aceptación, que en todo caso supone la previa trasmisión del bién desde el patrimonio particular al de la persona jurídica administrativa, lo que conduce a la conclusión de que deben ser valoradas e indemnizadas las zonas destinadas a uso de viales que se hayan en tales condiciones. ....En consecuencia, falta en el caso examinado un presupuesto necesario para que el recurso contencioso-administrativo pudiera ser admisible, cual es la declaración de lesividad acordada validamente, lo que conlleva la desestimación del motivo de casación planteado contra la sentencia de la Sala de instancia, que aplicó correctante la doctrina jurisprudencial citada...por el carácter improcedente del acuerdo de lesividad aprobado.......la desestimación del motivo de casación comporta la imposición de las costas a la parte recurrente."

2) En la sentencia de 24 de noviembre de 1994 (R8936/94), el Tribunal Supremo, revocándo una sentencia de la Seccion 1ª del TSJM declara:
"La sentencia apelada desestima el recurso por entender que el hecho de llevar los terrenos cuya expropiación y valoración se solicita, más de 25 años destinados a uso público, habiéndo sido de cargo del Ayuntamiento de Madrid las tareas de su conservación y policia, habían adquirido la condición de bienes de dominio público municipal; criterio este que no comparte esta Sala, dado que en sus sentencias..., despues de expresar que el problema esencial que se debate..., radica ....en la naturaleza pública o privada del terreno.., se dice que por el solo hecho de que una zona de la finca matriz esté destinada a viales no puede afirmarse que tales viales tuvieran la condición de vias públicas <<ni estuvieran por este sólo hecho afectadas al dominio público con destino al uso público, ya que para ello eran precisas dos condiciones: la primera, que salieran del patrimonio de la propietaria y entraran en el patrimonio municipal y la segunda, que una vez fuera del dominio particular y dentro del de la Administración, esta realizara una acto de aceptación, que en todo caso supone la previa trasmisión del bien desde el patrimonio del particular al de la persona jurídica administrativa>>."
3) En la sentencia de 25 de mayo de 1993 (R3795/93), el Tribunal Supremo, revocándo una sentencia de la Seccion 2ª del TSJM declara: "...siendo tambien revelador que el sistema de ejecución primitivamente acordado, bajo la vigencia de la Ley del Suelo de 1956 para este polígono, era el de cesión de viales y es bien sabido que conforme al art.129 de dicha Ley, en tal sistema los propietarios deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos viales, buena prueba de que tales viales pertenecían por tanto a su legítimo propietario....ni tampoco consta que existiera acto formal de cesión de los mismos. Por tanto, el simple factor de estar tales viales afectados de hecho al uso común, como medio de acceso a las viviendas, ...en modo alguno supone ello la atribución a tales vías de la condición de vías públicas afectadas al dominio público."
4) En la sentencia de 7 de noviembre de 1992 (R368/93), el Tribunal Supremo, revocándo la sentencia de la Seccion 2ª del TSJM declara: "...del Plan Parcial del Sector de Edificación Abierta de Vallecas aprobado definitivamente el 3-4-1974.......Tambien es revelador que el sistema de ejecución primitivamente acordado, bajo la vigencia de la ley del Suelo de 1956 para este polígono era el de cesión de viales, buena prueba de que tales viales pertenecían por tanto a su legítimo propietario....ni tampoco consta que existiera acto formal de cesión de los mismos......Por ello, es procedente estimar el recurso con revocación de la sentencia apelada y declarar que deben tambien ser valoradas e idemnizadas las zonas destinadas al uso de viales no cedidas a la Administración"
5) En la sentencia de 29 de marzo de 1989 (R2353/89), el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia de la Sala de Valencia, declara: "El recurso interpuesto por el Ayuntamiento ha de ser desestimado..., procediendo con posterioridad el propio Ayuntamiento a rectificar....el Acuerdo de 26 de octubre de 1984..., con base en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo por entender que lo que se había producido era un simple error material o de hecho al no considerar que dicha parcela era de dominio público, razonando al efecto que aunque formalmente no se había efectuado la cesión al Ayuntamiento del citado terreno para viales, parques y jardines, no era posible negar la afectación de ella al uso público intensivo y generalizado habida cuenta del destino que venía dándosele. Razonamientos que no son de recibo ya que no es posible....proceder a su rectificación....so pretexto de que según ella, son de dominio público, utilizándo el simple juego del artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo citada, como ha ocurido en el supuesto de autos, porque es doctrina reiterada de este Alto Tribunal -Sentencia de 17 de julio de 1987 (R. 7167), entre otras- que los errores materiales o de hecho que a tenor de los artículos 369.2 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955 y el antes mencionado permiten rectificar en cualquier momento a la Administración son aquellos que despues de corregidos no cambian el contenido del acto administrativo en que se produce, de manera que este subsiste con iguales efectos y alcance una vez subsanado el error, siendo el cauce correcto el previsto en el artículo 110 que señala los cauces para la anulación de oficio de los actos administrativos. En segundo lugar, porque......,correspondía al Ayuntamiento acreditar, su alegación de que el paso al dominio público...,se había producido..., ya que tal cesión exige una formalización que el repetido Ayuntamiento confiesa no haberse producido....Y finalmente, este Alto Tribunal ha tenido ocasión de declarar que <<la cesion gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística debe llevarse en todo caso con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, las cuales son de inexcusable observancia por ser garantía para el administrado y constituir el marco adecuado en el que éste, mediante el conocimiento de las circunstancias concurrentes, podrá atender a la defensa de sus derechos tanto acerca del deber de cesión que se le atribuye como en orden a los límites pertinentes de su gratuidad, así como respecto a la aplicación, en su caso, de las medidas correctoras y distributivas>>-Sentencia de 6 de diciembre de 1980(R. 4997)-......No puede obstar a lo dicho lo previsto en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Gestión Urbanística, porque aunque la obligación de la cesión obligatoria de terrenos según la Ley del Suelo haya de efectuarse en los términos que resulten del Plan General y de cada uno de los proyectos que lo desarrollen, ello no quiere decir que no deban cumplirse, como antes hemos dicho, las formalidades legales para esta cesión."
6) La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1983 (R3362/83), citada por las de 24 de noviembre de 1994; la de 25 de mayo de 1993 y la de 7 de noviembre de 1992 (R3362/83), declaran lo siguiente: "..como la simple afectación de unos terrenos por un Plan de Ordenación no atribuye el carácter de propiedad administrativa a dichos terrenos, necesitados del acto previo de cesión o traslado del patrimonio privado al público...., puesto que si no existía cesión de terrenos destinados a viales no podía hablarse aún de vía pública, sin que estas consideraciones jurídicas tengan por qué materializarse en las Actas, ya que si en esferas distintas de la Inspección de Rentas, se ha equiparado <<terrenos destinados a viales>> con <<vias públicas>>no puede exigirse una mayor precisión conceptual a los órganos inspectores,.....y por lo tanto, solamente podrá exigirse el derecho cuando exista una verdadera vía pública y no solamente unos terrenos <<destinados a viales>> pero que no fueron cedidos por su propietaria al Ayuntamiento...., por lo que la liquidación girada, es contraria a derecho y debe ser anulada."

En cuanto a los asientos registrales practicados por el Ayuntamiento, a los que alude también para justificar el cobro de la Tasa, las recientes Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 y 11 de enero de 1999 -R43 y 44 respectivamente, vienen siéndo sistemáticamente rechazandos por ilegales. Así lo hace la Resolucion de 11 de enero de 1999 -R44/99- relativa al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 1995, por la que se aprobó la modificación del Proyecto de Reparcelación del Polígono AR II-1, que fue aprobado en Junio de 1978 y está inscrito en el Registro de la Propiedad de las Rozas de Madrid. El mencionado Acuerdo municipal se expresa en los siguientes términos: <<...4º"Remitir al Registro de la Propiedad certificación del presente acuerdo al objeto de que se subsane el error material producido en el título motivador de las inscripciones practicadas como consecuencia de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del polígono 6, por lo que, en virtud de ello, quedan gravadas con condición resolutoria de reversión las parcelas destinadas a zonas verdes y viario, con exclusión de las demás". Que, por tanto, el contenido formal del proyecto de reparcelación del polígono 6, se modifica en su apartado doce.>>
Presentada la referida certificación, el Registro deniega su inscripción , y al reiterarse nuevamente, vuelve a denegarla con la siguiente calificación: "Se deniega la inscripción del precedente documento por resultar de él los siguientes defectos: Primero. Para la pretendida rectificación y consiguiente cancelación de las expresiones registrales de condición resolutoria de que se trata es necesario el consentimiento de todos los aportantes de terrenos a la reparcelación, titulares de los derechos cuyas inscripciones se intenta cancelar, o en su defecto resolución judicial, como exige la letra d) del artículo 40 de la Ley Hipotecaria......Tercero. No es aplicable el artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa (RCL 1954, 1848 y NDL 12531), sobre caducidad del derecho a la reversión porque: a) El cambio de destino solo se hace para una de las tres parcelas en cuestión, la señalada como 102.2. b) El Ayuntamiento no lo solicita, elude cautamente la cuestión y sólo habla de rectificación de errores en los asientos. No podemos olvidar que la función registral es de carácter rogado. Aunque procediera (que no procede) la cancelación automática por caducidad del derecho de reversión, habría que pedirla. No es lo mismo cancelación automática que cancelación de oficio. c) No puede haber caducidad cuando ya se ha iniciado el ejercicio del derecho a la reversión por los recurrentes a que aludimos. En efecto; sigue sin justificarse directamente la renuncia al procedimiento reversional incoado. No solo eso: De los documentos ahora aportados resultan pruebas de que hay o ha habido recursos <<presentados por vía judicial>>.

Contra la anterior calificación del Registro, el Ayuntamiento de Las Rozas interpuso recurso gubernativo en base a las siguientes alegaciones: "1º Sobre el carácter de la modificación introducida. Que al inscribirse en el Registro de la Propiedad proyecto de reparcelación aprobado en junio de 1978, se gravaron con condición resolutoria de reversión las parcelas adjudicadas en el apartado 12 al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, lo cual está ocasionando innumerables perjuicios a la Administración municipal. Que para arreglar tal error, el Ayuntamiento adoptó acuerdo plenario modificando el proyecto de reparcelación, conciliándose tal proyecto con la legislación vigente en materia urbanística al momento de su aprobación. Que dicha modificación es notificada en toda su extensió , a todos y cada uno de los propietarios.....Que al Ayuntamiento le asiste la facultad de modificar tantas veces como considere necesario el contenido de un proyecto de reparcelación por él aprobado, siempre que se adopte siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación........2º Sobre el consentimiento de los actos administrativos. Que es necesario determinar como se presta por los titulares un consentimiento en documento público a un acto administrativo. Que lo exigido por el señor Registrador es una prueba diabólica de imposible cumplimiento. Que por ello debe entenderse que en el ámbito estrictamente administrativo, una certificación expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones comprensiva de que la totalidad de los interesados en un expediente administrativo ha sido notificado del contenido del mismo y, trascurridos los plazos habilitados para recurrir sus efectos, no han recurrido el mismo, equivale a prestar su consentimiento...Que en virtud de lo establecido en el artículo 307 del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo, es por lo que el acto de ejecución del planeamiento ha tenido acceso al Registro...." Acerca de lo anterior el Registrador informa en los términos siguientes: " 1º El artículo 1 de la Ley Hipotecaria. Que esta Ley regula una materia especial y concreta; por lo tanto, una ley general no deroga a una ley especial. 2º El artículo 40 de la Ley Hipotecaria. 3º El artículo 82 de dicho Texto Legal, que aunque se refiere a las inscripciones practicadas en virtud de escritura pública, la doctrina es unánime en extender este precepto a los documentos de las demás clases, excepto los judiciales; por lo tanto, aplicable a los documentos administrativos. 4º Que el consentimiento a que se hace referencia en la nota de calificación, no es el consentimiento al acto administrativo para que quede firme, sino sólo al consentimiento para practicar el asiento registral de cancelación , que es cosa bien distinta, el cual no consta en ningún lugar del expediente....8º Que la Administración podrá rectificar sus errores y, en consecuencia, revocar los actos erróneos, pero ha de tener siempre como límite el debido respeto a los derechos que estos actos hayan concedido a los ciudadanos, sobre todo si estan inscritos en el Registro de la Propiedad, así lo reconoce el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. "
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió confirmándo la nota del Registrador. El Ayuntamiento apeló el auto manteniéndose en sus alegaciones, dictándose frente a esta apelación, la siguiente resolución:
" Lo que ocurre en el caso debatido es que habiendo ganado firmeza en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación, no cabe ya, ni so pretexto de una reiteración íntegra de todos los trámites previstos para el expediente reparcelatorio originario (reiteración que sólo procederá en caso de ineficacia del anterior proyecto de equidistribución de los beneficios y cargas inherentes a la ejecución de planeamiento urbanístico de determinado polígono) introducir en aquel una modificación del alcance que la que ahora se cuestiona (que desborda claramente lo que es un mero error material o de hecho o una previsión complementaria plenamente respetuosa del contenido básico que se completa), pues ello conculcaría el propio régimen establecido para la revisión de los actos administrativos (cfr. Artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 114 Reglamento de Gestión Urbanística). En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de la modificación pretendida si no media el consentimiento de los titulares registrales afectados o la oportuna resolución judicial supletoria."

SEGUNDO: Por otra parte, en la hipótesis de que pudiera admitirse que la titularidad de los viales ha devenido municipal en virtud de las argumentaciones y actos alegados por el Ayuntamiento, decaería simultáneamente la obligación para sus actuales propietarios de mantenerlos, ya que tal obligación no existe más que ligada a sus derechos de servidumbre sobre dichos viales, de acuerdo con los vigentes Estatutos aprobados por el propio Ayuntamiento, y en tal caso, éste habrá de dar cumplimiento a las condiciones y beneficios fiscales y tributarios establecidos por la Ley del Suelo de 1956 en su artículo 189 y concordantes, a los que se vinculó el acuerdo y el ofrecimiento de cesión gratuíta que en su día no quiso asumir el Ayuntamiento y que hoy pretende imponer por la vía de hecho, porque de tales derechos y condiciones, ningún propietario ha hecho renuncia y entre ellos se encuentra la exención del 80% de la tasa aquí recurrida durante un período de 25 años.

TERCERO: Por último, siéndo en la actualidad los mismos propietarios contra los que se cursa la Tasa, quienes costean integramente el mantenimiento de las vías sobre las que recae, no se dá el requisito de la contraprestación del servicio inherente a la tasa y que la justifica. Va implícito en el propio concepto técnico de tasa, el ineludible requisito de que se presten , por parte del ente público llamada a cobrarla, servicios o actividades que beneficien o alcancen a los sujetos pasivos, artículos 26.a) de la Ley General Tributaria y 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. En consecuencia tampoco se cumple el principio de equivalencia recogido en el artículo 7º de la citada Ley 8/1989.

En conclusión: La Tasa de Carruajes no puede inferirse sobre las parcelas inluídas en los ámbitos denominados "Zona Sur", Zona Este", "Zona Central " y "Plaza de Acceso", de la Moraleja, cuyos viales se encuentran regulados por los Estatutos y Bases aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Alcobendas el 21 de Noviembre de 1980, por :
1º.- Porque existen sentencias firmes del TSJM que declaran la improcedencia de la TASA en los viales de dichos ámbitos, por lo que sus situaciones jurídicas han quedado consolidadas.

2º.- Porque en todo caso las sentencias en interés de Ley invocadas por el Ayuntamiento para reanudar el cobro de la tasa, no aportan dato alguno sobre el vial o la parcela a que se refieren, ni existen coincidencia alguna entre la situación urbanística ni jurídica allí descrita y la de los ámbitos aquí relacionados.

3º.- El Ayuntamiento de Alcobendas se ha atribuído unilateralmente la propiedad de los viales mediante una simple declaración formulada por su Alcalde en el Registro de la Propiedad, al margen del planeamiento y de los procedimientos legales establecidos.

4º.- Porque de ser cierta la atribución de propiedad de los viales defendida por el Ayuntamiento, debía haberse abierto el régimen de exenciones fiscales y tributarias para los propietarios de los ámbitos relacionados y asumir el Ayuntamiento el coste total de su mantenimiento, ya que tales son la exigencias legales de la Ley del Suelo de 1956 (artículos 189 y concordantes) y del Reglamento de Reparcelaciones de 1966, beneficios y condiciones que como se ha dicho, corresponden legalmente a los propietarios de estos ámbitos y de los que ninguno de ellos ha hecho renuncia.

Por todo ello,

SUPLICA:

Que se tenga por presentado este escrito de impugnación de la Tasa de Carruajes, y en virtud de lo alegado, se dicte resolución declarándola nula y sin efecto, o en su lugar, para el caso de mantenerse la procedencia de la Tasa, se dé cumplimiento por el Ayuntamiento a la totalidad de las exigencias y condiciones legales que regulan la cesión de estos viales, en concreto, que la Corporación Municipal asuma íntegramente su mantenimiento y que abra el período legal de 25 años de exención del 80% de la totalidad de impuestos y tributos que recaen sobre las parcelas y viviendas de estos ámbitos, en cumplimiento de los Acuerdos de Reparcelación y las normas a las que se vincularon dichos Acuerdos.

OTROSI DIGO: Que se aporte por el Ayuntamiento copia certificada del Acta de Aprobación Definitiva de los vigentes Estatutos y Bases de la Entidad de Conservación de La Moraleja, recogida en los Libros de Actas Municipales, Tomo de 1980, en donde se recoge expresamente la condición jurídica de "titularidad privada y uso público" de sus viales.

En su virtud,

SUPLICA: Que se tenga por hecha la anterior manifestación, por ser de justicia que se pide en Madrid, a 15 de abril de 2000.

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